Jesús Caldera, con representantes de asociaciones de mayores ayer a las puertas del Congreso.

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El Congreso aprobó ayer por una amplia mayoría el proyecto de Ley de Dependencia -con el rechazo de CiU, EA y PNV y la abstención de Nafarroa Bai-, un texto que finalmente tiene en cuenta el patrimonio del usuario para determinar su aportación al pago de los servicios y prestaciones. Al no tratarse de una ley orgánica, el Pleno no votó un dictamen del texto sino las enmiendas por separado a su articulado.

Acabado el debate, al que acudieron numerosos representantes de colectivos y asociaciones de afectados, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró que el «amplio acuerdo» y la colaboración de «todos» para aprobar la Ley de Dependencia permitirá que se convierta en el «gran proyecto social de los próximos años».

En vez del ministro de Asuntos Sociales, Jesús Caldera, Zapatero tomó la palabra en el hemiciclo para defender la ley, que entrará en vigor en enero próximo y que atenderá a más de un millón de personas en situación de dependencia, sobre todo mayores y discapacitados. «Es un proyecto grande, ambicioso, lleno de compromiso en su significado político y social», aseguró el jefe del Gobierno.