Seis detenidos en dos clínicas de Barcelona por presuntos abortos ilegales

Varias clínicas de Barcelona especializadas en abortos, entre ellas Ginemedex, que fuera investigada en un reportaje de la televisión danesa, fueron registradas ante la posibilidad de que estuvieran realizando abortos ilegales. Durante la operación se detuvo a cinco personas entre las que se incluye Carlos Morín, el médico peruano máximo directivo de todos los centros y que podría enfrentarse a hasta tres años de cárcel y a una inhabilitación de hasta seis.

En octubre del año pasado, la clínica Ginemedex fue acusada de asesorar abortos ilegales tras hacerse público un reportaje de cámara oculta de la televisión pública danesa 'DR', donde una periodista embarazada de 26 semanas pedía abortar, sin que los profesionales del centro se opusieran a ello. A raíz de este reportaje, la entidad 'E-Cristians' presentó una querella, contra Carlos Morín y contra los centros de los que es responsable: Ginemedex, TBC, EMECE y Clínicas Barnamedic. Sin embargo, por aquel entonces, la investigación realizada por la Guardia Civil no pudo demostrar nada al respecto.

Registros

Más de un año después, el Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona y en conocimiento de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ordenó el registro de estas clínicas, que comenzaron a las 9.30, al menos, cuatro centros propiedad de Morín, así como en viviendas privadas.

Durante esta operación se han efectuado cinco detenciones, entre ellas la del propio Morín. Así, el médico podría enfrentarse a hasta tres años de prisión, que es la pena que se establece para un doctor que provoque el aborto ilegal, además de la inhabilitación para ejercer cualquier profesión sanitaria o trabajar en centros médicos por tiempo de uno a seis años. Del mismo modo, la mujer que consienta un aborto ilegal podría enfrentarse a una pena de hasta un año, por lo que la Fiscalía y el TSJC aseguraron que los datos personales de las usuarias no serán revelados, ya que «sólo se incorporarán a las diligencias judiciales aquellos historiales clínicos en los cuales aparezcan fundamentados motivos de imputación».

Según el TSJC, la investigación criminal se inició por hechos considerados «graves», como la «práctica reiterada» de interrupciones voluntarias del embarazo «radicalmente fuera» de los supuestos permitidos por ley. Además, tanto el juzgado como la Fiscalía aseguraron que han actuado con «la debida independencia e imparcialidad» sin «entrar en ninguna de las consideraciones de tipo ideológico» de diferentes sectores sociales.