El Gobierno español convocó ayer a la embajadora del Reino Unido en Madrid, Denise Holt, por la actuación del Ejecutivo de Gibraltar tras el naufragio del barco chatarrero «New Flame», mientras que la Junta de Andalucía anuncia que denunciará ante la UE al gobierno gibraltareño.
Esta reacción política se produjo un día después de que se registrara un nuevo vertido de hidrocarburos en las playas de La Línea de la Concepción (Cádiz) que las autoridades andaluzas atribuyen al «New Flame», que el lunes se hundió casi totalmente, aunque el Gobierno de Gibraltar lo negara.
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, declaró en Sevilla que las autoridades gibraltareñas comunicaron al Gobierno español que asumen sus responsabilidades en relación al nuevo vertido registrado este fin de semana.
Narbona ha reclamado la puesta en marcha, junto al Reino Unido y Gibraltar, de «un mecanismo conjunto de vigilancia y control» para que no se produzcan nuevos accidentes como el del «New Flame» en el Estrecho de Gibraltar.
Por otra parte, la Junta de Andalucía denunciará ante la UE a las autoridades gibraltareñas e iniciará acciones de responsabilidad civil contra el armador y la aseguradora del barco, encallado desde agosto en aguas cercanas a Gibraltar, para resarcirse de los gastos ocasionados por los vertidos en la cosa andaluza.
El presidente andaluz, Manuel Chaves, garantizó que, si la gestión del caso hubiera dependido de la Junta, «se habría solucionado hace muchos meses» y se habría retirado el buque del lugar donde encalló en agosto pasado, al tiempo que ha criticado la «falta de diligencia de las autoridades gibraltareñas» en la gestión del mismo.
No obstante, Chaves aseguró que la contaminación como consecuencia del hundimiento del buque, ocurrido este fin de semana, ha sido mínima.
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