La sanción a la central nuclear de Ascó I (Tarragona) por los incidentes registrados en noviembre del pasado año, que incluyeron la detección de partículas radiactivas en el exterior del edificio, podrá oscilar entre 9 y 22'5 millones de euros, la máxima impuesta a una instalación de este tipo.
El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) acordó ayer proponer al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio la apertura de un expediente sancionador a esa central, que incluye cuatro propuestas de sanción graves y dos leves.
Las conclusiones del Pleno se fundamentan en que, aunque no ha existido daño a la población ni al medio ambiente y la estimación en términos de riesgo es remota y de carácter leve, se han producido fallos significativos en el control y el suministro de información al Consejo por parte del titular de la planta.
Acuerdo
El acuerdo se ha adoptado por unanimidad y será ahora el Ministerio de Industria el que deberá iniciar el expediente y aplicar la sanción que corresponda.
La propuesta del Pleno incluye una sanción grave en grado máximo, cuya cuantía oscila entre 4'5 y 9 millones de euros; tres graves en grado medio (entre 1'5 y 4'5 millones) y dos leves en grado medio (de 15.000 a 150.000 euros), de acuerdo con la ley de reforma del CSN.
Esa ley, aprobada el pasado mes de octubre, elevó las sanciones hasta un máximo de 30 millones de euros, diez veces más de la multa que se podía imponer hasta ese momento.
Las instalaciones de la central registraron el 29 de noviembre del pasado año un escape de partículas radiactivas procedentes de la ventilación de la planta atómica, aunque el incidente no se conoció públicamente hasta principios de abril.
El Consejo de Seguridad Nuclear clasificó en principio el suceso de nivel 1, aunque posteriormente lo elevó hasta el 2 (incidente), de acuerdo a la escala internacional INES que mide este tipo de incidentes.
La propuesta de sanción grave en grado medio se fundamenta en una emisión radiactiva con potencial de superación del límite anual de dosis para visitantes en el interior del doble vallado de la central establecidos. El CSN asegura que la central no estableció un control de contaminación externa del personal una vez descubierta la contaminación y no clasificó, señalizó ni delimitó radiológicamente las zonas de libre acceso de la central tras la detección de partículas calientes el 14 de marzo de 2008.
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