Noche solidaria en Madrid para reivindicar el derecho a una vivienda digna. Foto: REUTERS/ANDREA COMAS

TW
0

En España casi millón y medio de familias viven en infraviviendas y más de treinta mil personas carecen de hogar, según un estudio realizado por Cáritas Española, la Federación de Asociaciones de Centros para Integración y Ayuda a Marginados (FACIAM) y la Federación Europea de Asociaciones Nacionales que trabajan con personas sin hogar (FEANTSA), de cara a la conmemoración ayer del 'Día de los Sin Techo'.

El informe revela que el 82,7 por ciento de las personas sin hogar son varones con unos ingresos medios de 302 euros al mes y una edad media que ronda los 38 años, aunque en un 30 por ciento de los casos se trata de personas de entre 18 y 29 años. Asimismo, el 51,8 por ciento son españoles y el 48,2 por ciento son extranjeros.

La estadística señala también que el 13 por ciento de los sin techo ha recibido educación superior y el 63,9 por ciento ha terminado la educación secundaria, que un tercio de las personas sin hogar son abstemias y nunca han consumido drogas y que la mitad de la población sin hogar busca trabajo.

Según explican las organizaciones, los resultados de este estudio quieren llamar la atención sobre «el profundo valor humanizador del hogar como espacio de crecimiento y de autonomía personal insustituible para todos los ciudadanos, pero del que no pueden disfrutar las personas que viven en la calle».

Por otro lado, Caritas Española ha publicado que en lo que va de año, las solicitudes de ayuda recibidas por problemas con la vivienda -hipotecas, desahucio o embargo- se han incrementado un 65,2 por ciento en lo que va de año, por lo que reivindican «coordinación» a las administraciones para atender a quienes más lo necesitan.

En este sentido, reclaman «medidas fiscales que favorezcan el alquiler y programas de rehabilitación de viviendas que impulsen una política habitacional claramente dirigida a las creación de vivienda social y orientada a la inclusión de los colectivos más vulnerables».

Asimismo, proponen la eliminación de algunas ordenanzas de las corporaciones locales «que no responden al espíritu de regular el uso de espacio público y de las actuaciones policiales en centros de personas sin hogar para solicitar documentación o listado de usuarios».