El juez de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, investigará el asesinato de seis sacerdotes jesuitas, cinco de ellos españoles, y dos mujeres, cometido en El Salvador en 1989, tras admitir a trámite la querella presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE).
El magistrado imputa en este caso a 14 militares salvadoreños, entre los que se encuentran cuatro generales en servicio en el momento de los hechos, por los delitos de asesinatos terroristas y contra el derecho de las gentes, pero rechaza investigar al entonces presidente Alfredo Cristiani.
En los hechos acontecidos en 1989 fueron asesinados el rector de la Universidad, Ignacio Ellacuría; y los sacerdotes Amando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes e Ignacio Martín Baró, todos de nacionalidad española; el religioso salvadoreño Joaquín López y López y el ama de llaves Elba Julia Ramos y su hija Celina, nacidos también en el país sudamericano.
La querella fue presentada el pasado 13 de noviembre por la APDHE, que cuenta con el apoyo del Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA), con sede en San Francisco (Estados Unidos). Las asociaciones querellantes basaban su reclamación en que cinco de las víctimas eran españolas y en el principio de justicia universal, que permitió en 1998 el arresto del dictador chileno Augusto Pinochet por orden del juez Baltasar Garzón. Los asesinatos, atribuidos a miembros del Batallón Atlacatl del Ejército salvadoreño, fueron cometidos el 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana de San Salvador.
La denuncia fue interpuesta en nombre de Alicia Martín-Baró, religiosa carmelita y hermana de una de las víctimas, y está dirigida contra cuatro generales, dos coroneles, tres tenientes, dos sargentos, un cabo y dos soldados.
A estos catorce militares se une en la querella Alfredo Cristiani, presidente de El Salvador entre 1989 y 1994, acusado por los querellantes de encubrir los crímenes que precipitaron el final de la guerra civil en el país. Según la APDHE, en 1993 se aprobó una amnistía general que «ha protegido hasta hoy a los responsables, que continúan libres y gozan de cierta influencia política en el país».
El juez rechaza la petición de investigar la responsabilidad penal de Cristiani Burkard argumentando que no existe «base indiciaria suficiente» para imputarle y que, además, se le atribuye un delito de encubrimiento que no tiene la naturaleza de «persecución universal».
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