Aguirre quiere dar a los docentes de Madrid el estatus de 'autoridad pública'

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, anunció ayer la presentación de una Ley de Autoridad del Profesor que convertirá a los docentes de Primaria y Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) de la región en «agentes de la autoridad», al tiempo que los padres de los alumnos deberán conocer y firmar los reglamentos normativos que rigen en los colegios.

«El Gobierno de la Comunidad no va a escatimar esfuerzos ni recursos para que, en el marco de nuestras competencias, podamos ir mejorando la calidad de la enseñanza», aseveró.

Aguirre afirmó que establecerá que los profesores «estén investidos de una autoridad indiscutible». «Hace tiempo ya que los profesores reclaman un mayor apoyo institucional que refuerce su autoridad. Queremos darles ese apoyo y transmitir de manera contundente que los profesores están investidos de una autoridad acorde a su importantísima tarea», dijo.

Sin embargo, la Fiscalía General ya considera que los profesores de los centros públicos tienen la condición de autoridad a efectos penales y, en consecuencia, una agresión grave contra estos docentes puede ser calificada como delito de atentado contra la autoridad.

Así lo estableció la FGE en una circular remitida en diciembre de 2008 a las Fiscalías de toda España, en la que aconsejaba considerar como un delito de atentado contra la autoridad las agresiones graves contra los médicos y profesores que trabajan en centros dependientes de la Administración pública, y recordaba los requisitos para que la agresión se califique como un delito de atentado contra la autoridad. La instrucción de la Fiscalía excluía a los profesores y médicos de centros concertados o privados. Del mismo modo, la propuesta de Esperanza Aguirre tampoco contempla a este colectivo.

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, afirmó que conceder rango de autoridad pública al profesorado con efectos penales es una competencia del Estado. «La Constitución deja claro que el Código Penal se aprueba en el Congreso», sentenció Alonso, quien dijo confiar en que Aguirre respetará las competencias del Estado en esta materia.