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Los psicólogos estudian un sesgo del conocimiento conocido como ‘anclaje y ajuste' que consiste, básicamente, en dar por buena una información inicial y sustentarla después sólo con elementos que la corroboran. Estas pautas de conducta, que se dan en todos los campos profesionales, suponen un camino inevitable hacia el desastre. Y esto es, posiblemente, lo que les ha sucedido al juez Penalva y al fiscal Subirán, sobre quienes existen indicios suficientes de delito por su instrucción del ‘caso Cursach'.

Posibles actuaciones injustas

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Juez y fiscal tienen hoy la posibilidad de explicar cómo hicieron su trabajo. Hay muchos puntos oscuros, además de los wasaps incriminatorios que se intercambiaron con los policías del Grupo de Blanqueo. Si no es por el ‘anclaje y ajuste', no se entiende que ambos dieran credibilidad a personajes tan turbios como la ‘madame', ‘El Ico' o el testigo protegido número 29, cuyos relatos no resisten la primera prueba de análisis. Tampoco se entiende por qué encarcelaron e incluso trasladaron a prisiones de la Península a policías locales ajenos a la trama; ni la saña con las que fueron detenidos los padres del concejal Álvaro Gijón; ni las reuniones no judicializadas con los alcaldes José Hila y Antoni Noguera; ni el clima de terror que instauraron al realizar o permitir constantes filtraciones del sumario a la prensa.

Dar claridad a lo actuado

Penalva y Subirán no son funcionarios corruptos, nadie sospecha que hayan cobrado por orientar su instrucción. Pero sus errores han causado daños enormes y gratuitos a personas inocentes y sus familias. Por supuesto que la Fiscalía, la Audiencia y el Tribunal Superior fallaron en su labor de respuesta a una causa que no avanzaba y generaba grandes tensiones dentro y fuera de los juzgados. Por esto, y a partir de ahora, la judicatura está obligada a aclarar el porqué de una instrucción que, además del daño injusto, ha comprometido su propio prestigio.