EditorialPalma14/01/22 7:40
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A partir de mañana, el precio máximo de los test de antígenos que se expenden en las farmacias será de 2,94 euros. Así lo anunció la titular de Sanidad, Carolina Darias. La medida pretende poner fin a la especulación con uno de los productos más demandados para conocer la incidencia de la COVID-19. Se trata de una prevención recomendada incluso por las autoridades sanitarias. España era de los pocos países europeos que no había tomado ninguna acción respecto al uso de este tipo de dispositivos. Fuera de nuestro país son ofrecidos gratuitamente o a precios muy asequibles, incluso en tiendas de alimentación. La decisión del Gobierno ha llegado, por tanto, tarde y debido en buena medida a la presión de los propios ciudadanos y asociaciones de consumidores.

El precedente de las mascarillas.

No es la primera ocasión que el Gobierno español reacciona tarde a la hora de favorecer la adopción de medidas preventivas durante la pandemia. Ocurrió con las mascarillas en los primeros embates de la COVID-19. Entonces se comenzó a recomendar su uso mientras las farmacias habían agotado todas las existencias. La venta se realizaba por unidades y con enormes restricciones –se tuvo que recurrir a proveedores del extranjero en plena crisis sanitaria–, además de a unos precios desorbitados. El Gobierno rebajó el IVA, una medida que ya habían decretado muchos socios de la Unión Europea.

Más agilidad.

El Gobierno no puede seguir aplazando sus intervenciones en cuestiones tan delicadas como ésta y menos cuando se desencadena un evidente movimiento especulativo que veta el acceso a medidas de prevención contra la COVID-19 a los sectores de la población más desfavorecidos. Tomar decisiones adecuadas pero tarde devalúa su eficacia; un error que no debería volver a repetirse en el futuro. Proteger a los ciudadanos debe ser la máxima prioridad.