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El Govern aprobará el lunes una norma que liberalizará por completo la concesión de licencias de taxi temporales en las Islas. Cada ayuntamiento podrá determinar el número en función de sus necesidades. La medida tiene por objeto evitar el colapso que se produjo en pasado año con este servicio público durante la temporada turística, toda vez que la inmensa mayoría de los vehículos se concentraban en los puntos de mayor demanda –puertos, aeropuertos y zonas de ocio nocturno–, mientras que en el resto del territorio era imposible coger un taxi. Esta situación ha propiciado la aparición de taxis pirata, circunstancia que ha generado algunos episodios violentos con los profesionales.

Atender la demanda.

La ampliación de la oferta del servicio de taxi, junto con el transporte discrecional, debería resolver la atención de una demanda que se multiplica en los meses de verano. Sin embargo, hay un aspecto que también debería quedar garantizado de cara a los consumidores y es la calidad del servicio y su distribución territorial. La concesión de las licencias temporales –hasta ahora vetadas– no debe suponer un menoscabo hacia los usuarios. Permitir la acumulación de taxis en las paradas con mejores expectativas de recaudación no resolverá el problema. La atención debe alcanzar las peticiones desde todo el término municipal.

Inspecciones rigurosas.

Permitir dar licencias temporales de taxi a los ayuntamientos debe llevar aparejado un eficaz servicio de control, desde el estado de los vehículos hasta la capacitación de los profesionales y el cumplimiento estricto de los horarios. Abrir el grifo de las licencias no garantiza por sí solo que se resuelvan las actuales carencias del servicio, un modelo de transporte indispensable para miles de residentes y cuyas quejas están más que justificadas. Este año será un severo examen sobre la eficacia de la estrategia del Govern para resolver el conflicto.