EditorialPalma25/11/23 0:29
TW

Un policía local de Palma ha sido detenido por alquilar 73 trasteros y sótanos insalubres de su propiedad a inmigrantes irregulares que los utilizaban como vivienda precaria. Se trata solo de la punta del iceberg que evidencia el drama de la emergencia habitacional en Mallorca y de cómo algunos desaprensivos se están aprovechando de los colectivos más vulnerables para enriquecerse. En el caso en concreto del agente, el asunto es aún más grave porque se trata de un funcionario que debía velar por el cumplimiento de la Ley. En los últimos años, numerosas comunidades de vecinos han denunciado que los trasteros son utilizados como infravivienda, a pesar de que carecen de baños o de las mínimas condiciones higiénicas para ser habitados. En verano el calor es insoportable y en invierno las temperatura son gélidas. Todo un calvario para las personas que los alquilan, movidos por la más absoluta necesidad.

Controles preventivos.

La operación conjunta entre la Policía Nacional y la Policía Local de Palma debería ser la primera de una serie de controles e intervenciones encaminados a detectar estar lacra, tan extendida desde que los alquileres de piso –y ahora incluso de habitaciones– se han disparado y son inaccesibles para personas con escasos recursos económicos. La situación contrasta cruelmente con las mansiones y casas de lujo que se venden cada año en la Isla, y que alcanzan cifras astronómicas, y evidencia una realidad que las autoridades deben afrontar.

Infraviviendas peligrosas.

La policía ha descubierto que las infraviviendas alquiladas por cantidades que oscilaban entre los 350 y los 700 euros, y con diminutos tamaños que oscilaban entre los ocho y los quince metros cuadrados, presentaban unas condiciones infames de salubridad, lo que podía derivar en graves problemas de salud para las familias que las habitaban como si fueran casas. Estas estafas deben ser atajadas antes de que el problema se generalice.