El asunto de la migración irregular se ha colado de lleno en la agenda política balear. Lleva semanas llamando a la puerta, pero durante los últimos días ha alcanzado un estado de ebullición. Y es probable que vaya en aumento. Si hace unos pocos días fueron los alcaldes de ses Salines, Santanyí y Campos que exigieron al Gobierno soluciones para detener la incesante llegada de pateras, el conflicto a tres bandas que mantienen Consell de Mallorca, Ajuntament d’Inca y la Delegación del Gobierno por un centro de acogida para menores extranjeros no acompañados ha desatado una nueva tormenta.
Un crecimiento exponencial.
Con los datos en la mano, es indiscutible que la llegada de migrantes irregulares a Mallorca ha pasado de ser un fenómeno prácticamente anecdótico a importante. Si durante 2020 llegaron a las costas de Balears 112 pateras con 1.464 personas a bordo, en apenas cuatro años el crecimiento ha sido exponencial. De hecho, en lo que llevamos de 2024 el número de migrantes irregulares que han desembarcado en las Islas ya supera los 4.500, entre ellos, un número relevante de menores no acompañados que requieren un tratamiento especial por parte de la Administración.
El polvorín de Inca.
El IMAS, organismo dependiente del Consell de Mallorca que gestiona la recepción y acogida de los menas, ha denunciado en varias ocasiones el colapso que sufren sus instalaciones. Durante este 2024 ya han arribado a Mallorca 292 menores y según el IMAS esto implica una sobreocupación del 65 % en los centros de acogida. El antiguo polvorín de Inca se perfilaba como una alternativa para reconvertirse en un centro de primera acogida, pero la política ha entrado en juego y ahora nada está claro. La sensación de que pocos alcaldes quieren un centro de estas características en su municipio también es inevitable, al igual que el interés de casi todos por obtener rédito a una situación que no deja de ser dramática.
