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El Gobierno socialdemócrata de Dinamarca ha dado un paso más adelante en una política de migración cuyos principios de solidaridad parecen responder más a un impulso centrífugo que centrípeto. Dicho en lenguaje paladino: que el Ejecutivo danés tiende a sacudirse el problema, o a colgárselo a otros. Recordemos, por ejemplo, que en su política de «cero refugiados» optó por deportar a refugiados sirios tras negarles el permiso de residencia, considerando que regiones como Damasco eran «suficientemente seguras». También fue curiosa su denominada ley antiguetos que limita el número de habitantes «no occidentales» de los barrios de ciudades danesas.

Pues por esta senda que resulta llamativa en un gobierno teóricamente de centroizquierda, Dinamarca impulsa ahora una ley, aprobada por el Parlamento con la oposición de algunos partidos de izquierda y el apoyo de la extrema derecha, que tiene previsto abrir centros para solicitantes de asilo en países situados fuera de la UE. El Gobierno está en proceso de negociación con representantes de Egipto, Ruanda, Eritrea, o Túnez. Las condiciones de la negociación son igualmente notables, ya que amén del pago del ‘servicio' a los países receptores, está previsto que los peticionarios de asilo permanezcan en ellos, incluso si se les concede el asilo.

Esta muestra de intransigencia con los refugiados por parte de Dinamarca ha suscitado protestas desde organizaciones humanitarias, incluído el Consejo danés por los Refugiados, Acnur, y la propia Comisión Europea. Hablar en este caso de que, son los medios los que han de justificar el fin, quizás resultaría apropiado.