La subida del precio de la electricidad ya es noticia habitual sin que el ministro de Consumo, que curiosamente se puso a hablar de salud alimentaria y medio ambiente, diga una palabra del precio de un artículo de consumo universal y básico. Las compañías obtienen electricidad de diversas fuentes: solar, eólica, carbón, gas natural, hidroeléctrica, nuclear, etc. En otros países, el precio del megavatio por hora se establece aplicando el precio medio de las diversas fuentes, pero en el Estado español se permite aplicar el precio más alto, asegurando mayores beneficios para las eléctricas.
Para paliar el escandaloso encarecimiento, solo se les ha ocurrido bajar el IVA y otros impuestos, lo que supone una menor recaudación del estado y a la postre menos recursos para la financiación de servicios públicos, pero protegiendo los crecientes beneficios de las eléctricas. No en vano, la puerta giratoria que mueve personajes entre las eléctricas y los ministerios es un clásico de gobiernos de diferentes siglas. Encabezan la lista Felipe González, consejero de Gas Natural Fenosa, y José María Aznar, asesor de Endesa, pero la lista de exministros y altos cargos políticos a sueldo de estas empresas es apabullante y evidencia a quién sirven.
¿Nos resignamos a planchar el fin de semana y a soportar la inflación que nos espera o cabe plantearse si es el momento de exigir, a cualquier gobierno, que el suministro de electricidad deje de ser un robo a la ciudadanía para ser un bien público de verdad?
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