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Este lunes volvían los niños a la escuela tras unas Navidades en las que la COVID, en su variante ómicron ha parecido ser casi el único protagonista. Con una sexta ola desatada, hasta el último momento no se tomaron las decisiones necesarias para que la vuelta al cole no se convierta de nuevo en un festival de contagios y que al mismo tiempo, la excepcionalidad con la que se vive en las aulas desde que empezó la pandemia, no acabe siendo crónica y los efectos de esa excepcionalidad, transcurrido el tiempo, no sean irreversibles.

La vuelta al cole nos trae también la previsible aprobación de la nueva Ley Balear de Educación. Se dice que nace con la pretensión de que sea una ley consensuada y con vocación de continuidad, pero de nuevo, en lo que al tema lingüístico se refiere (y no sólo en ese), transcurre por el camino de siempre: confundir la escuela con lo que no es. El propósito inicial con el que se anunció desde la Conselleria, parecía adecuado y sobre todo, alineado con la Ley y con el sentido común: «Las dos lenguas oficiales son lenguas de enseñanza y aprendizaje, y el alumnado tiene el derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua si es una de las oficiales de Baleares».

Nada que decir hasta que, llegando al capítulo siguiente, nos topamos con el ‘Proyecto Lingüístico de Centro', ese instrumento que por motivo de la autonomía de los centros escolares, puede convertir en papel mojado, todo lo anterior. «Los centros educativos, para que la lengua catalana, propia de las Illes Balears, mantenga la función de referencia y de cohesión social, pueden implementar estrategias educativas de inmersión lingüística». Lo harán en base a criterios tan difusos como «la realidad sociolingüística» o la lengua de los alumnos. Es decir, pura y simplemente, la voluntad del Consejo Escolar.

Volvemos pues a la casilla de salida, a la de la inmersión lingüística obligatoria en catalán en todos los centros educativos. A, en nombre de una normalización lingüística infinita, seguir manteniendo en la escuela una situación de excepcionalidad tanto pedagógica como legal. Decía que no había que confundir la escuela con lo que no es. Y no es, por ejemplo, una academia de idiomas (de uno solo), ni tampoco una herramienta de construcción nacional o de cohesión social.

Si algo se ha demostrado en las últimas décadas en Baleares, en las que curso tras curso nos hemos colocado en los primeros puestos de fracaso escolar y de abandono escolar temprano, es que el modelo no funciona, y aunque no todo es atribuible a la cuestión lingüística, tiene mucho que ver.
La lengua vehicular es la lengua de aprendizaje de contenidos no lingüísticos (matemáticas, historia, conocimiento del medio). A nadie se le escapa que acceder a esos contenidos en su lengua materna, facilita a los niños el aprendizaje y la comprensión, sobre todo de conceptos abstractos. Privarles de esa posibilidad por una mera cuestión política y sin la menor justificación pedagógica, me parece un crimen. Somos una sociedad bilingüe. Pretender que una de nuestras dos lenguas se aprenda en la calle o viendo la televisión, supone privar a los alumnos de la capacidad de manejarla en un contexto formal. Exactamente lo que ocurría cuando el castellano era la única lengua en la escuela, y el mallorquín, la lengua que se aprendía y hablaba en las casas y en la calle. Si esa situación no era justa, tampoco lo es la inmersión lingüística en catalán. Y no hay justificación que valga para seguir imponiéndola.