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Conseguir la residencia en España por la vía rápida cuesta en Balears 4.500 euros, o lo que es lo mismo, ese es el precio de un matrimonio falso para permanecer en nuestro país de forma ‘legal’. Y lo peor de todo es que esta oferta no procede de ningún grupo organizado que se dedique a estos menesteres, no, llega de algunos abogados con pocos escrúpulos dispuestos a embolsarse una comisión.

Pero no es la única vía que ofertan, también está la ‘pareja de hecho’, la de convivir y empadronarse en el domicilio de otra persona, aunque apenas se conozcan, y así tener una base con la que solicitar ‘los papeles’.

Mientras, el Gobierno aprueba un Real Decreto que reforma la Ley de Extranjería y moderniza el sistema de migraciones, pero se olvida de que hay muchas personas que, tras varios años en España y trabajos con contrato, por errores burocráticos, derivados de los ERE, ven con desesperación como se deniegan sus permisos después de ocho meses de espera, en los que han quedado en el limbo, y su única opción es un largo recurso o la ilegalidad.