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Hace apenas unos días, la vicepresidenta económica aseguraba que habíamos dejado atrás el pico de la inflación y que en los próximos meses ésta podría situarse en el entorno del 2 %. La realidad es que los precios siguen escalando. Lo han hecho en febrero hasta 6,1% mientras que la subyacente se ha situado en el 7,7 %, una tasa que no se veía desde 1986. La electricidad y los alimentos son los responsables, lo que demuestra un mes más que las medidas tomadas por el Gobierno respecto a la supresión o bajadas del IVA en algunos alimentos no han dado el fruto esperado.

En este contexto hay que enmarcar también las últimas previsiones del Banco de España que plantean un escenario nada prometedor. Según el banco emisor la inflación seguirá siendo persistente, el crecimiento débil, cuando aún ni siquiera hemos recuperado niveles anteriores a la pandemia, un paro alto con el trabajo repartido y menos horas trabajadas, y un déficit público y una deuda por encima de lo recomendable. Este es el panorama por más mensajes esperanzadores que el Gobierno quiera transmitir. Y todo esto ocurre mientras desde Hacienda nos informan de que en 2022 se recaudaron 31.000 millones de euros más de lo previsto.

Hay que tener en cuenta además que los fondos europeos, que estaban destinados a impulsar la economía española, no lo están haciendo por su pésima gestión plagada de burocracia, opacidad y falta de diligencia.

La inflación es el impuesto que más perjudica a las personas pobres y de clase media baja, los grupos a los que se supone que el Gobierno iba a dedicarse en cuerpo y alma. Pues bien, los precios siguen machacando a familias y empresas y las ayudas beneficiando más a los que más tienen. De hecho, según el Banco de España, las familias con rentas más bajas soportan 2 puntos porcentuales de inflación más que los hogares con más recursos. Un fracaso en toda regla que no se para con la demagogia y propaganda que tanto le gusta al Gobierno de Sánchez.