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España es el cuarto país más desigual de la Unión Europea (solo por detrás de Bulgaria, Rumanía y Letonia). Y esta elevada desigualdad se traduce en cifras de pobreza alarmantes en la cuarta mayor economía de la zona euro. Philip Alston, comisario de Naciones Unidas, llegó a afirmar: «He visitado lugares que sospecho que muchos españoles no reconocerían como parte de su país». La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) sostiene que en España la pobreza alcanza a diez millones de personas. De estos, un 80,5 % son españoles.

La elevada desigualdad no es únicamente una cuestión de decencia o de principios morales. Una distribución de la renta muy desigual es un impedimento importante para el crecimiento económico a largo plazo. Numerosos estudios científicos muestran evidencia del impacto perjudicial de la desigualdad en el desempeño socioeconómico: la desigualdad es causa de numerosos factores que lastran el crecimiento y el desarrollo. Por ejemplo, la desigualdad causa una reducción de la tasa de acumulación de capital humano, tasas de fertilidad más altas, falta de consenso social e inestabilidad política. Una mayor concentración de ingresos en las rentas altas también lastra el consumo, puesto que las rentas altas gastan en consumo un porcentaje muy bajo de sus ingresos. Un menor consumo implica una menor inversión, pues las empresas no renuevan sus equipos ni tratan de ampliar su capacidad productiva si no prevén mayor demanda en el futuro. Por todo ello, la reducción de la desigualdad está incorporada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y se considera clave para fomentar el desarrollo sostenible.

La primera causa de la elevada desigualdad en España es su escasa capacidad recaudatoria. El fracaso de España en la recaudación de impuestos radica en su escasa cohesión social, evidenciada por elevados grados de desconfianza, lo que conduce a una menor disposición a pagar impuestos y a un mayor fraude fiscal. Una base impositiva sólida es clave para proporcionar recursos financieros para la distribución progresiva de la renta. La segunda causa es el insuficiente gasto público con clara finalidad redistributiva: pensiones, gasto público social (pobreza, dependencia, vivienda, familia) y gasto en educación y sanidad públicas y universales. Existe abundante evidencia científica que señala que la clave para reducir la desigualdad no es otra que la redistribución fiscal efectiva: el mercado no redistribuye de forma más progresiva.

Ante el auge de la extrema derecha y sus proclamas privatizadoras y de desmantelamiento de lo social, muchas de las cuales en España ya se están ejecutando en varias comunidades autónomas, creo que urge un pacto para blindar el Estado del bienestar. Un pacto entre los dos grandes partidos que les comprometa a alcanzar y mantener el porcentaje de recaudación y de gasto público social sobre PIB al nivel de la media de UE. Al PSOE eso le permitiría demostrar que no necesita de opciones políticas a su izquierda para llevar a cabo medidas progresistas. Al PP le serviría para desmarcarse de Vox sin tener que hacerles desplantes en público.