Carles Manera14/04/24 0:30
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El inicio de la campaña en la declaración de la renta promueve comentarios de todo tipo. Comentarios que no se ajustan a la realidad. O, directamente, son mentiras y bulos. Dos recientes. Primero, la declaración de un diputado ultraconservador en el sentido de que la mitad de los salarios de las rentas más bajas van a la Hacienda pública: citó 15.876 € de salario de los que, según él, se detraerían más de 8.000 para las arcas del Estado. El dato es falaz, habida cuenta que una parte sustancial de esas rentas ya no declara. El joven parlamentario que emitió ese diagnóstico debería estudiar un poquito más antes de decir según qué. Y sobre todo, para no decir tonterías y no caer en el ridículo. Segundo, la posición de algunos economistas conservadores y de la presidencia de la gran patronal afirmando que los trabajadores deberían recibir todos sus emolumentos y que luego ellos decidieran qué hacer con ellos. Ese mantra del ‘dinero en el bolsillo'. Pero, para hacer las cosas bien, debería explicarse a esos trabajadores que, si ellos deciden hacer los pagos, la parte de contingencia común la depositen en el INSS, la de contingencia profesional a la Mutua y la de desempleo al SEPE. Siempre haciéndolo en los plazos pertinentes, toda vez que se asignan recargos en caso de retrasos. Literalmente: muy complicado y sinuoso.

El debate tiene un componente técnico, que debe ser abordado con datos rigurosos en la mano. Pero tiene un trasfondo político de primera magnitud: la pugna ideológica por penalizar la figura esencial de los tributos. Es decir, la comunicación reiterada de que se pagan demasiados impuestos y que deben bajarse. Y cuando esa política económica se aplica –se está viendo en comunidades autónomas–, quienes acaban por pagar menos son los que más tienen. Una estrategia destinada a aliviar los bolsillos de los más ricos. Pero las estadísticas de Eurostat son fulminantes: la presión fiscal en España es inferior a la media comunitaria. Se pagan menos impuestos. Y su reducción y/o eliminación va a redundar en la calidad de los servicios públicos que se desarrollen. Y, lo que es más importante, la recaudación cae si se hace eso.

Veámoslo. En una muy reciente información de la Airef, las variables consignadas no admiten réplica. Con esa política, por ejemplo, Balears deja de recaudar, según esta institución independiente, 169 millones de € (-0,4% de su PIB). El dato absoluto de Andalucía es impresionante: se pierden 362 millones de € (–0,2% de su PIB). También el de Madrid: 957 millones de € menos (–0,2% de su PIB). Ponemos casos de tres administraciones que están jugando con este tema, y que, además, están reclamando más dinero del sistema de financiación autonómico, eludiendo su propia responsabilidad fiscal. Pésima estrategia para acudir, con criterios robustos, al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y que están lanzando mensajes que no se enlazan a la realidad económica y presupuestaria. Las capacidades de las haciendas respectivas pierden posibilidades de maniobra, todo en aras de señalar que están reduciendo cargas impositivas anunciando, falsamente, que se van a obtener más recursos. Falacias y bulos.