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El Gobierno de las Islas Baleares habla poco o nada de cambio climático. No deja de llamar la atención que el tema brillara por su ausencia en el reciente debate del estado de la comunidad. Siendo una economía tan expuesta y sensible al calentamiento del planeta, la lógica nos dice que la definición de futuros posibles escenarios debería ser un trabajo prioritario, para anticiparse a cualquier eventualidad que se presente. Para hacerlo hay conocimiento experto suficiente y entidades de investigación públicas altamente capacitadas en el país, así como legislación autonómica pionera sobre la materia, lo cual hace aún más injustificable que la crisis climática y sus consecuencias no sea una cuestión recurrente en todos los debates. El olvido no deja de ser una forma más de la negación.

Hecha esta salvedad, hay que decir que se abordaron cuestiones interesantes. Se habló de congestión turística, supongo por similitud a un simple catarro, aunque el diccionario de la RAE especifica: obstrucción, bloqueo, atasco… Y se anunció como medida anticongestiva el aumento del ITS. Que recuerde, todos los estudios realizados sobre este impuesto concluían que su efecto era neutro sobre el flujo de pasajeros. Es decir, no influía en las llegadas, como se ha ido comprobando con el tiempo. No alcanzo a ver a cuanto debería ascender el impuesto para mitigar el atasco de visitantes. La idea original nunca fue un impuesto para eliminar externalidades, sino una formula finalista para mejoras en medio ambiente, patrimonio y cultura, entre otros. Si realmente se quiere gravar la llegada a las Baleares hay otras formulas impositivas más eficaces i adecuadas.

Algo parecido sucede con el anuncio de no autorizar nuevos alquileres vacacionales, una medida que no tiene ningún efecto sobre el volumen ya alcanzado. Si se habla de congestión hay que actuar sobre las causas y si hay atasco algo hay que reducir, no vamos a engrandar las islas, ni seguir haciendo nuevas infraestructuras. Se pueden dar todos los rodeos que uno quiera, pero siempre se llega al mismo punto: actuar sobre la oferta existente que provoca el cuadro clínico actual. No es posible alcanzar ningún éxito sin reducir el numero de plazas actuales. Primero las ilegales, pero a continuación las obsoletas (en términos de hotelería) y las inadecuadas (en términos de viviendas vacacionales). Con toda la ingeniería administrativa que se ha hecho hasta ahora (limitación del techo, eliminación de la bolsa de plazas…) la reducción de la oferta ha sido 0.

Interesante la propuesta del tren a Llucmajor, en cuanto ampliación del transporte público. El ferrocarril y el transporte colectivo deberían ser la excepción a la regla general de no más infraestructuras. No obstante, se sigue pensando en ampliar carreteras, puertos y aeropuertos como solución al problema, cuando está absolutamente comprobado que esto genera más crecimiento y más congestión. También hay que prever y evitar efectos ‘colaterales’, el tren a Llucmajor no puede convertirse en una nueva vía de penetración para urbanizables de nuevo cuño.

Siguiendo en el mismo tema, en el discurso oficial sigue sin aparecer el sector inmobiliario, actor principal y capital de crecimiento. Todo lo contrario, sigue siendo la niña bonita del PP, merecedor de la simplificación administrativa, externalización de los permisos de obra, amnistía urbanística… En resumen, ningún discurso agresivo, ni ninguna obra amable.