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Hacer frente a una catástrofe natural no es una tarea sencilla, nunca lo ha sido, pero siempre genera circunstancias que ponen a prueba a todas sus administraciones. Lo que viene ocurriendo desde la pasada semana en varias comunidades -y de manera especialmente trágica en la valenciana- pone de manifiesto la ineficiencia del sistema, incluso cuando se dispone con antelación de pronósticos meteorológicos para alertar a la población y minimizar los efectos adversos. Los protocolos de prevención no se activaron y la gestión posterior al desastre -los registros de lluvia no tenían precedentes en muchos lugares- es una muestra del colapso global de los servicios de emergencia. El balance en vidas humanas es dramático, las pérdidas económicas incuantificables y los daños en las infraestructuras públicas enormes. Las zonas afectadas necesitarán meses y años para recuperarse de lo ocurrido.

Trocear el servicio de Protección Civil obligó a crear la Unidad Militar de Emergencias, para tratar de igualar las intervenciones en todas las comunidades en circunstancias excepcionales, pero dejó la responsabilidad de las intervenciones a cada departamento autonómico. Error. El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, es el último ejemplo. Tardó tres días, setenta y dos horas, en pedir ayuda al Ejército para disponer de más medios con los que atender las tareas de búsqueda de desaparecidos y apertura de calles y carreteras. Mazón le pidió antes a la presidenta del Govern, Marga Prohens, medios aéreos y personal del Ibanat que el Ministerio de Defensa. ¿Tiene sentido? Doy por sentado que el Ejército español tiene más helicópteros que todas las comunidades autónomas juntas. Incluso en los momentos más críticos se sigue improvisando. Un episodio más de teléfono escacharrado entre las diferentes administraciones. Todos son responsables.

Estos días hemos sabido que la tecnología militar permite lanzar una bomba de precisión para eliminar un terrorista cuando habla por teléfono, pero en España no se puede hacer llegar una garrafa de agua, un paquete de alimentos o medicamentos de urgencia a centenares o miles de ciudadanos que han quedado aislados en sus casas rodeados de escombros. El paisaje apocalíptico tras el paso de la DANA se agrava con la descoordinación institucional. Este país no funciona.

Sin vergüenza política

La magnitud de la tragedia no frenó a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a la hora de suspender el pleno del Congreso sin antes aprobar -por deseo expreso del Gobierno- la nueva composición del consejo de administración de RTVE; cuestión de la máxima urgencia a la vista de los sueldos que cobrarán los agraciados. El resto de temas del orden del día sí pudieron esperar. Otro tanto puede decirse del jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que se va a Valencia para criticar al Gobierno mientras Mazón se deshace en elogios a Pedro Sánchez. ¿En qué quedamos? Den por seguro que en varias semanas esta tragedia se convertirá en otro campo de batalla política, un pretexto más para lanzarse entre unos y otros el barro que cubre casas y calles de numerosos pueblos y ciudades. Se ha perdido la vergüenza.