Joan Miquel Perpinyà17/11/24 4:00
TW
0

En 2013, el expresidente del Govern Jaume Matas fue condenado por la Audiencia Provincial tras ser juzgado por un jurado popular. La sentencia consideró probado que Matas contactó con el entonces propietario del hotel Valparaíso y le pidió que contratase a su esposa, con un sueldo de 3.000 euros al mes, durante el año 2007. «Ante la ascendencia que le otorgaba a Jaume Matas el ser presidente del Govern, la capacidad de influencia que le suponía por el cargo que ocupaba, el hotelero se sintió comprometido y presionado ante su proposición, por lo que accedió a ella», reza la sentencia. Según el relato judicial, la esposa del expresidente del Govern, Maite Areal, «no desarrolló trabajo alguno para la empresa Hotel Valparaíso SA durante el año que duró la simulada contratación laboral. La cantidad que mensualmente se le abonaba no era más que una prebenda o donación a Matas y no un salario que se pagaba de forma real por la realización de un trabajo por cuenta ajena». Matas fue condenado por cohecho a 9.000 euros de multa y a devolver los 42.111 euros que su mujer cobró fraudulentamente.

Cuando oigo a ministros, líderes socialistas, destacados periodistas, tertulianos y políticos asegurar con toda rotundidad y sin género de duda que el caso de la investigación judicial por corrupción y tráfico de influencias a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, terminará en nada, que el tiempo pondrá las cosas en su sitio, que no hay caso porque los denunciantes son la ultraderecha, etc, no puedo evitar acordarme de aquella condena al exministro Matas. Las causas penales son auténticos misterios: se sabe cómo empiezan, pero nunca se puede saber cómo terminarán

En el caso de la cátedra extraordinaria de Begoña Gómez en la Complutense, aún es la hora de que el presidente del Gobierno dé explicaciones sobre los hechos que se atribuyen a su mujer. Tampoco ella está dispuesta a darlas, ni en el juzgado ni, como sucedió esta semana, en una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid. La mera negativa a rendir cuentas es harto incriminatoria y las sospechas sobre las actividades profesionales de Gómez son ya abrumadoras, como lo son el ataque despiadado al juez que las investiga desde el poder ejecutivo, querella presidencial incluida. A fin de cuentas, Begoña no hubiese podido ni cursar siquiera el máster de captación de fondos que dirigía.