Hay que prepararse de manera concienzuda y seria para los efectos de un cambio climático. Nos llega más rápido y brutal de lo que cabía esperar. Y Mallorca está en el ojo del terror de la gota fría. Es necesario planificar medidas radicales y serias, por dolorosas que sean, al servicio del sentido común, que tanto nos ha faltado en las últimas décadas. Y hay que hacerlo por instinto de supervivencia, situándolo por encima de intereses políticos o conveniencias electorales.
En Mallorca asistimos a un claro ejemplo de incapacidad partidista. Parece imposible alcanzar un acuerdo en materia de protección del territorio. El Govern de Marga Prohens está decidido a regularizar las casas construidas en terreno rústico durante lustros de impunidad. La izquierda reclama que queden fuera de esta medida de gracia las que se hallan enclavadas en zonas inundables y que cada vez más, en no pocos casos, están adquiriendo la desagradable categoría de peligro público.
Por encima de todo mandan los fenómenos naturales incontrolables para los seres humanos. Es doloroso afirmarlo, pero es preciso proceder a la demolición de las casas ilegales enclavadas en zonas inundables y mucho más las dedicadas a alquiler turístico. Hay que hacerlo en previsión de lo que pueda pasar y siempre partiendo del principio humanista de ayudar, proteger o incluso indemnizar a los propietarios. Pero llega la hora de las demoliciones.
Es preciso adaptar el medio natural a los principios de la lógica. El Mediterráneo es cada vez más en verano una bañera caliente que se transforma en monstruo incontrolable cuando llega el otoño. Por tanto, no alimentemos a la bestia con permisibilidades interesadas. Es necesario que devolver a su estado natural las zonas inundables que sea posible, extirpando de raíz ilegalidades. Basta de jugar con vidas para proteger haciendas de origen inconfesable.
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