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En Palma se vive en viviendas, no en caravanas. Lo ha proclamado el alcalde de la ciudad, Jaime Martínez, que se quedó tan a gusto a la hora de justificar los motivos de una ordenanza para impedir el uso de autocaravanas como alojamiento, bajo pena de multa. La doctrina Martínez. A simple vista resultaría una obviedad tal como: en Palma se come comida o en Palma se respira aire. Algo inapelable. Incluso pareciera que el alcalde se pone duro frente a un capricho de unos antisociales que han decidido establecerse en medios alternativas por puro placer o por tocar las narices al consistorio. La misma doctrina se puede aplicar a muchos más ámbitos. En Palma se vive en viviendas, no en bancos. Así que podríamos expulsar a los sin techo. En Palma se vive en viviendas, no en chabolas y, por tanto, atacar a quien se refugia en un asentamiento irregular hecho con cartones, chapas o restos de lo que sea. Como en Palma se vive en viviendas, los hoteles quizá no entren del todo en esa categoría. ¡Zas! de un plumazo eliminada la saturación. Tampoco se viven en Palma en cárceles, entonces y se puede seguir con otros lugares donde vive gente, más o menos forzada que no son viviendas.

Exigir a Martínez acabar con el problema de la vivienda con sus medios es equivalente a pedir a los ucranianos que expulsen a ejército ruso con tirachinas. Ahora, un mínimo de resistencia es necesaria. Expulsar la infravivienda del territorio por el sistema de multar a quien la ocupa es una medida malvada y califica a quien la adopta como tal. Se emplea una ordenanza cívica para solucionar un problema social, lo que equivale a castigar a pobres por serlo; nadie con una renta alta vive en una caravana. Se apela a las molestias de los vecinos de la zonas en las que se asientan. El alcalde elige quiénes son los buenos y carece de imaginación para buscar otras soluciones.