Que paguen las indemnizaciones

Nuestros políticos, demostrando que carecen de todo respeto por las leyes que ellos mismos aprueban, cuando ven un titular en los periódicos, paralizan todo, incluso como en este caso, cuando ya habían dado el visto bueno a las obras de demolición. Observen que el promotor no hizo absolutamente nada que no habría hecho usted o yo: miró la ordenación, vio un edificio no protegido (repito, no protegido), hizo números, le valía la pena comprar y derribar y se puso a ello. Y es entonces cuando nuestras autoridades se despiertan.

¿Y nunca a ninguno se les ocurrió revisar si el catálogo de edificios protegidos se debe actualizar? También los otros estuvieron ocho años gobernando. ¿Y nunca han pensado que todo esto siempre es más barato hacerlo antes de que hayan llegado las excavadoras? ¿Y no se han dado cuenta que siempre es mejor hacer esto sin que la prensa esté ya informando de lo que ocurre?

A ellos les encanta crear la narrativa de buenos y malos: ese empresario ahora aparece en los medios como un malvado que no respeta la historia, que no quiere su pasado, que está dispuesto a todo con tal de ganar dinero. En cambio, el Consell de Mallorca es valiente porque ha paralizado el proyecto que, por cierto, ya tenía licencia de demolición. Cuando, justamente, el empresario hizo lo que está en su naturaleza: intentar ganar dinero dentro de la ley.

Si nadie tiene la seriedad suficiente para actualizar el catálogo de edificios de valor histórico, al menos que las inevitables indemnizaciones que van a generar todos estos despropósitos se los descuenten a los inútiles que se saltan la ley sin contemplaciones.