Nueve años de prisión es la condena que la Fiscalía de Palma
solicita para un empresario dedicado al negocio de la prostitución
y para un empleado suyo, que en breve serán juzgados por
falsificación y estafa. En concreto se les acusa de utilizar
tarjetas de crédito robadas, que empleaban para realizar
consumiciones en sus locales, que en realidad no se producían.
Tanto Luis M.N., el empresario, como Bartolomé C.P. se encuentran
en libertad. El juicio por estos hechos debía celebrarse ayer, pero
quedó suspendido.
Según señala el escrito de acusación del fiscal, el primer
acusado era el dueño de los derechos de explotación de un complejo
situado en la calle Matreros Roca de Palma. En este complejo había
apartamentos y locales, uno de ellos dedicado al negocio de la
prostitución.
El fiscal afirma que estos dos acusados, sin que se sepa de qué
forma, consiguieron una serie de tarjetas de crédito sustraídas,
que pertenecían o bien a extranjeros o a residentes accidentales en
la Isla. El empresario y su empleado aprovechaba el periodo de
tiempo que mediaba entre el robo y la denuncia de su dueño (que
conlleva la anulación inmediata de la tarjeta) para realizar una
serie de operaciones. Para ello utilizaban los terminales bancarios
que habían contratado con diversas entidades y que habían instalado
en su local de alterne.
Para lograr la estafa, siempre según el fiscal, los propios
acusados imitaban la firma del titular de la tarjeta en el
justificante de cada operación, y después ingresaban los recibos en
las cuentas corrientes del negocio. Esta serie de irregularidades
se descubrieron en el mes de mayo de 1995, cuando se procedió a la
detención de los acusados. En ese momento, según la acusación, ya
habían realizado 71 falsificaciones con las tarjetas de crédito
robadas, y habían obtenido unos beneficios de más de siete millones
y medio de pesetas.
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