Un constructor palmesano de 34 años de edad, llamado Andrés G.S.J.,
ha sido detenido por el Cuerpo Nacional de Policía acusado de un
delito contra los derechos de los trabajadores, ya que
supuestamente estafó a un total de 45 inmigrantes ecuatorianos y
colombianos. El empresario ha sido puesto a disposición judicial.
Un portavoz de la Jefatura de la calle Ruiz de Alda informó ayer
que las investigaciones las efectuó la Brigada de Extranjería de la
Policía Judicial, después de descubrir que numerosos extranjeros
-todos sudamericanos- estaban siendo estafados a gran escala por un
constructor. Según parece, Andrés G.S.J. es el titular de una
empresa de construcción de Ciutat y hace dos meses ofertó 45
puestos de trabajo a ecuatorianos y colombianos que buscaban empleo
como obreros.
El acusado se reunía individualmente con los interesados,
siempre en bares, y les mostraba unos impresos oficiales en los que
estampaba el sello de su empresa. Por aquel 'trámite' les cobraba
entre 15.000 y 45.000 pesetas y luego les anunciaba que iba a
presentar la solicitud en la Oficina de Extranjeros de la
Delegación del Gobierno. De esta forma, los inmigrantes -que se
encontraban en una precaria situación económica- pensaban que iban
a obtener el permiso de trabajo y una vez regularizada su situación
podrían conseguir el permiso de residencia.
En realidad, sin embargo, el constructor no se llegó a personar
nunca en la Delegación del Gobierno para tramitar estas
contrataciones y la empresa que dirige, según ha sabido la policía,
apenas tiene actividad laboral y los contratos son muy esporádicos.
Así las cosas, parece evidente que los 45 nuevos trabajadores eran
una cifra demasiado elevada para una constructora de esas
características.
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