Los abogados de las 25 prostitutas subsaharianas que fueron
expulsadas en julio de Mallorca e ingresadas en centros de la
Península han recurrido la medida ante la Sala de Vacaciones del
Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB). Los decretos de
expulsión los firmó Delegación del Gobierno después de que el
Cuerpo Nacional de Policía detuviera, en dos controles distintos, a
cinco y luego a otras veinte prostitutas de color, en su mayoría
nigerianas.
La medida pretendía evitar lo que ocurre con demasiada
frecuencia: que las inmigrantes fueran arrestadas e identificadas y
luego, tras quedar en libertad, volvieran a dedicarse a su
actividad en burdeles o en la calle, con total impunidad. Casi
todas estas mujeres ejercían la prostitución en la Platja de Palma,
donde este negocio ha prosperado de forma espectacular en los
últimos años.
Las subsaharianas fueron trasladadas a centros especiales de
Barcelona y Murcia y ahora están a la espera de su expulsión
definitiva del territorio nacional. Sin embargo, el recurso
interpuesto por los letrados paraliza el proceso en marcha y hasta
que no se decida en la Sala de lo Contencioso Administrativo si es
o no es oportuno, las prostitutas no podrán ser devueltas a su país
de origen.
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