El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, considera que «hay
que mantener» la figura del jurado popular, institución que figura
en la Constitución, si bien señaló ayer que habría que proceder a
una revisión de sus «deficiencias» y «pensar en alguna reforma».
Cardenal opinó que en la cultura jurídica española ofrecen «mayor
seguridad jurídica los jueces técnicos que el jurado», aunque
añadió que esto no quiere decir que «el jurado no pueda desempeñar
sus funciones, pero tal vez lo que habría que hacer es pensar en
alguna reforma, por ejemplo, un tribunal mixto de técnicos y de
legos».
La opinión del fiscal general es compartida por la Asociación
Profesional de la Magistratura, cuyo portavoz, José Manuel Suárez
Robledano, apostó por un sistema mixto en el que los jueces aporten
su experiencia y conocimientos a los ciudadanos que formen el
jurado, al igual que ocurre en todos los países europeos, excepto
en el Reino Unido. Mientras, el portavoz de Jueces para la
Democracia, Miguel Carmona, consideró «un auténtico despropósito»
que se aproveche la actual coyuntura para «arremeter» contra el
tribunal del jurado y subrayó que el problema no radica en su
funcionamiento, sino en el respeto a la presunción de inocencia
como derecho fundamental.
Carmona recordó que, en este caso, no sólo se habría equivocado
el jurado, sino también un juez de instrucción, un fiscal
profesional y el magistrado-presidente del tribunal del jurado.
También los partidos políticos mostraron sus diferentes opiniones
después de que el vicepresidente segundo y ministro de la
Presidencia, Javier Arenas, dijera que el Gobierno «hace tiempo que
viene reflexionando» sobre la posibilidad de reformar la ley del
jurado y explicara que si no lo ha hecho todavía ha sido por la
negativa del PSOE a cambiar «ni una sola coma».
Arenas explicó que cuando concluya su «reflexión» al respecto,
el Gobierno hará las «propuestas oportunas» para una posible
modificación de la ley y recordó que, el pasado mes de abril, el
Consejo General del Poder Judicial ya propuso introducir cambios en
la institución para garantizar su imparcialidad. El secretario de
Libertades Públicas del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, aseguró
que el tribunal del jurado «está en la Constitución y ahí debe
quedarse».
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