El inicio del juicio será justo siete años y medio después del
inicio de las investigaciones, que comenzaron cuando la compañía
Iberdrola puso en conocimiento de la Conselleria de Sanidad que
había detectado un aumento de casos de hepatitis C entre sus
trabajadores operados en la Casa de la Salud.
El juicio se inició con la declaración del procesado, quien
aseguró ayer que contrajo la hepatitis «de los enfermos, alguno me
ha contagiado a mí» y a los estaba tocando por su actividad «todos
los días». El anestesista reconoció haberse pinchado y cortado
accidentalmente pero trasladó al fiscal que nunca se pinchaba él y
posteriormente inyectaba a los pacientes.
El anestesista afirmó que sabe que padece hepatitis C desde que
se lo comunicaron en el hospital Casa de la Salud en febrero de
1998 ya que antes lo desconocía y, añadió, «hasta ahora dudo que la
tenga». En este sentido, indicó que desde entonces se ha hecho un
análisis de sangre, por recomendación de su letrado, aunque no sabe
los resultados porque no le interesan.
El fiscal encargado del caso, Javier Carceller, reclama 2.214
años de cárcel para el anestesista y 28.885.002 euros de
indemnización para los afectados, -el mayor de 82 años-, 22 de los
cuales ya han fallecido aunque, según el ministerio público,
únicamente tres por causas relacionadas con la enfermedad
hepática.
Por su parte, tres de las contagiadas responsabilizaron ayer a
la Generalitat valenciana de esta «catástrofe sanitaria», tal y
como apuntaron dos de ellas, al entender que la Conselleria de
Sanidad debería haber impedido que el anestesista Juan Maeso
trabajara siendo consumidor de opiáceos, tal y como demostraron
unos análisis efectuados al procesado.
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