P. Matas08/01/06 0:00
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En el llamado «pacto de Son Banya» el fiscal se aseguraba la intervención de todos los bienes que intervino la policía. En otro apartado, distinto según la importancia de cada uno en el clan, se especificaban las condenas y multas a imponer. En ningún caso la condena suponía el ingreso en la cárcel, salvo que el afectado no pagara la multa. Las condenas por blanqueo oscilaban entre los tres y los 18 meses y multas y, además, se señalaba que las penas privativas de libertad podían cambiarse por el pago de multas, que oscilaban entre los seis y los diez euros por día. Ya se informó en estas páginas que los abogados coincidían en que se trataba de «cantidades económicas importantes» y que, haciendo números, se trata de una cifra millonaria.

En cuanto al giro de 180 grados que ha dado el caso, ayer el fiscal Juan Carrau se reunió con los abogados de los 27 acusados. El fiscal comunicó a los letrados la nueva situación y se intentó legar a un nuevo acuerdo, pero finalmente no se consiguió. Según se desprende lo hablado en la reunión, en el pacto inicial el Estado se quedaba con los bienes intervenidos, pero algunos de ellos quedaban fuera del acuerdo. Ayer, el fiscal señaló que podría tratar de mantener las condenas previstas en un principio, siempre y cuando los acusados aceptaran la entrega de todos los bienes. Al final no hubo acuerdo, todos quedaron informados de que no hay pacto y están citados para las diez de la mañana de mañana, lunes, en la Audiencia Provincial.

En teoría, la vista oral debería de comenzar, y es posible que así sea pero, como también se informó en la edición de ayer, casi con total seguridad se va a aplazar, de una u otra forma. Ahora mismo es una incógnita lo que puede ocurrir en la sala y las decisiones que se vayan a adoptar. Pero lo que está claro es que la rotura del pacto ha cogido por sorpresa al fiscal y a los abogados, que no tenían previsto llegar a la celebración del juicio.