El 'clan' de Son Banya, al descubierto en la Audiencia

Cuatro furgones de la policía, con agentes antidisturbios, se apostaron a la entrada de la sala de vistas y en la puerta del Palacio de Justicia, donde solamente permitieron el acceso a los 26 acusados, excluyendo así a los numerosos familiares que acudieron para prestar su apoyo, y que formaron varios corros en las inmediaciones de la Audiencia Provincial.

Aún así, en la puerta se produjeron algunos momentos de tensión cuando algunos familiares increparon a fotógrafos y a un cámara de televisión. Los agentes enfriaron los ánimos y la riña no subió de tono, aunque la magistrada prohibió expresamente que se realizaran fotos en el patio para evitar los incidentes de la primera jornada, cuando varios individuos siguieron y amenazaron a un fotógrafo por los pasillos.

En la jornada de ayer, la vista tuvo que retrasarse cerca de hora y media por la incomparecencia de dos de los 26 acusados, que habían acudido a trabajar. En la reanudación, los abogados defensores presentaron algunas cuestiones previas. Entre los documentos aportados figuran copias de escrituras de algunas fincas que han sido embargadas, intentando demostrar, a través de la fecha de compra, que no proceden del blanqueo de dinero de las drogas.

Los letrados también aportaron contratos de trabajo y solicitaron la declaración de nuevos testigos. Además, uno de los abogados afirmó que varios de los delitos de blanqueo por los que el fiscal acusa a sus defendidos ya han prescrito, puesto que se produjeron en el año 2000 y el plazo máximo para que sean juzgados es de cinco años. El fiscal lo rebatió asegurando que se trata de delitos continuados, que prescriben a los diez años.

El lunes se reanudará el juicio con una jornada de mañana y tarde en el que se realizará el interrogatorio de los acusados. Los que se declaren culpables serán los que hayan aceptado el pacto propuesto por el fiscal.