La Conselleria de Interior y el Tribunal Superior de Justicia de
Balears firmaron ayer un protocolo para mejorar el actual sistema
que prevé penas de trabajos en beneficio de la comunidad. Este
sistema se aplica como alternativas a las penas de prisión poco
elevadas, en delitos como los de violencia doméstica, conducción
alcohólica o faltas contra el medio ambiente.
Los firmantes del convenio fueron Antoni Terrassa, presidente
del TSJB, y José María Rodríguez, conseller de Interior y
presidente de la Fundación de Ayuda a la Reinserción, un organismo
que depende de Interior y que fue creado en octubre de 2004.
Terrassa explicó que el protocolo facilitará la colaboración
entre el centro penitenciario, la comunidad autónoma y los
ayuntamientos para que este tipo de penas se apliquen con más
frecuencia, recordando que hasta el presente ha resultado
«complicadísimo» llevar a la práctica este tipo de condenas.
Rodríguez destacó que es la primera vez que se firma un convenio
de estas características. También adelantó que la Fundación que
preside aportará en breve un soporte informático que calificó de
«absolutamente novedoso en España». Se trata de una agenda
electrónica de asignación de trabajos, que permitirá controlar las
jornadas, su cumplimiento y de los puestos de trabajo
existentes.
Actualmente, 338 condenados se benefician de este sistema en
Balears. Por su parte, el juez magistrado de penal 6, Miquel
Arbona, recordó ayer que las condenas de trabajos ha experimentado
un auge desde la última reforma del Código Penal de 1995 y recordó
que su aplicación «depende siempre del consentimiento del
penado».
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