El Govern se basa en un informe elaborado por los servicios de la Conselleria d'Interior que constata que la empresa no quiso colaborar para facilitar información al Govern. También detalla la «insuficiencia» cualitativa y cuantitativa del personal necesario, así como la «suspensión injustificada» del curso de formación de operadores.
La rescisión del contrato obliga a la empresa pública Gestió d'Emergències de les Illes Balears a asumir la gestión directa de este servicio. El Govern considera que, con este decisión, se facilitará la «máxima eficacia en el servicio y el desarrollo de un ambicioso plan para la modernización tecnológica y de infraestructuras del servicio», tal y como señala en un comunicado.
En virtud de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la rescisión no implica el pago de indemnizaciones ya que la empresa pierde la garantía que depositó en su día la empresa. Las dos empresas interesadas serán ahora citadas por el Govern para realizar la liquidación de esta fianza y para determinar si ambas deben pagar al Govern por los daños y perjuicios causados, en el caso de que la garantía no sea suficiente.
El Govern del Pacte privatizó en 2002 el servicio de emergencias a través de la realización de un concurso que ganó la empresa que ahora queda fuera.
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