Maria de los Angeles L.C. fue trasladada a los juzgados, pero no pudo declarar por su estado de salud. Foto: ALEJANDRO SEPÚLVEDA

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E.L.V./J.J./P.M.
La investigación dio un paso casi definitivo hacia su resolución ayer por la tarde, después de que la policía encontrase 200.000 euros en una caja de seguridad de una sucursal del banco BBVA de Palma. La caja estaba a nombre de una testaferro. Esta persona se asustó al ver las noticias publicadas a lo largo de esta semana en los medios de comunicación y alertó a la policía. La mujer explicó que la caja estaba a su nombre, pero que la verdadera titular era María de Los Àngeles L.C., quien la habría convencido para ponerla a su nombre a cambio del pago de una cantidad de dinero, y con la condición de que no realizase ningún movimiento. Tras este trascendental hallazgo, el juez que investiga esta causa, Toni Garcías, ordenó el traslado de la letrada a los juzgados de Palma. La mujer, que está en arresto domiciliario, llegó acompañada a última hora de la tarde por varias agentes del CNP de paisano y de su abogado, Eduardo Valdivia, notablemente fatigado por una semana de inacabables gestiones. Entre los presentes también estaba el fiscal anticorrupción, Juan Carrau, y el jefe de Drogas del CNP, Toni Suárez.

La mujer fue conducida ante el juez. El fiscal pidió en primer lugar que se sustituyese el arresto domiciliario por su ingreso en la cárcel de Palma, aunque el magistrado se negó. Sin embargo el interrogatorio previsto no se pudo llevar a cabo, ya que María de los Àngeles L.C. no podía responder a las preguntas por su estado de salud. La testigo apenas podía articular palabra, supuestamente por la fuerte medicación antidepresiva que está tomando desde que fue detenida. Este extremo hizo que el juez ordenara avisar al forense Vidal Santos y trasladar a la detenida al hospital de Son Dureta. Una vez allí, y tras someterse a una revisión, se dictaminará cuál es su verdadero estado de salud.

Después de eso el juez ordenará que continúe ingresada en el módulo de presos del hospital o su vuelta al arresto domiciliario. Por otra parte, Asuntos Internos comunicó ayer al jefe de Atracos, José Gómez, que ayer mismo se le había abierto un expediente por falta muy grave que comporta, automáticamente, la suspensión de empleo y sueldo de manera permanente.