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El director general de la Policía y de la Guardia Civil, Joan Mesquida, reiteró ayer que el Gobierno ha hecho una «apuesta rotunda y sin precedentes» para «motivar, modernizar, dotar de recursos y mejorar las retribuciones» del instituto armado. Mesquida, que declinó hacer declaraciones sobre la petición de la Unión de Guardias Civiles para que se anulen los expedientes disciplinarios a los agentes que participaron en la concentración del pasado 20 de enero en Madrid, enfatizó los últimos esfuerzos realizados por el Ejecutivo para lograr un cuerpo «más motivado, más fuerte y mejor dotado». En este sentido, reiteró que el presupuesto para 2007 se incrementó en más de un 15% respecto al ejercicio anterior, porcentaje que ascendió hasta el 67% en el caso de la dotación aportada para mejora de infraestructuras e inmuebles. Señaló que el Gobierno «ha reorientado decididamente» la situación progresiva de falta de efectivos al ofertar en 2007 un total de 5.580 plazas de nuevo ingreso, así como las retribuciones destinadas a los mismos, que se incrementarán en este periodo en un 6%, el doble que en el caso del resto de funcionarios del Estado.

Paralelamente a las declaraciones de Mesquida ayer se supo que el delegado de la AUGC de Guadalajara, José Antonio Agudo, ha sido cesado de sus funciones por tres meses como medida cautelar mientras se resuelve el expediente abierto contra él por participar en la concentración del pasado 20 de enero en Madrid. Al hilo de la polémica que se ha suscitado, un agente de la Guardia Civil, Francisco Tebar, secretario nacional de Formación y Salud Laboral de la AUGC, dijo ayer que no está «asustado» por la apertura de un expediente por «falta muy grave».

Por su parte, el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, aseguró ayer que «está claro» que la Guardia Civil «tiene derecho» a ser una fuerza de seguridad y orden «de carácter civil y deje de ser militar» y, en este sentido, mostró «todo el apoyo» de su partido a la AUGC, que preside el mallorquín Joan Miquel Perpinyà.