José Rodríguez Salvador, el llamado «violador de la Vall d'Hebron», salió ayer de la cárcel tras cumplir 16 de los 311 años que se le impusieron, entre una polémica abierta sobre cómo prevenir la reincidencia de los presos no rehabilitados y la indignación de sus víctimas y vecinos.
El violador, al que la Audiencia de Barcelona concedió el viernes la licencia definitiva, abandonó la cárcel de madrugada con una gran discreción, camuflado en un coche para eludir a los medios de comunicación que pretendían cubrir su licenciamiento definitivo.
Rodríguez Salvador ha cumplido entre rejas 16 de los más de 300 años que se le impusieron por 16 agresiones sexuales, al beneficiarse de varias redenciones de condena, y deja la cárcel sin que los psicólogos de la prisión Quatre Camins de La Roca del Vallés (Barcelona) donde ha cumplido condena lo consideren rehabilitado.
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha pedido hasta en tres ocasiones a la Audiencia de Barcelona que aplique la «doctrina Parot» sobre cómputo de penas para alargar la estancia en prisión del violador, pero todos sus intentos han sido rechazados, por lo que ahora pretende recurrir al Tribunal Supremo.
Mientras, la Fiscalía ha pedido a los Mossos d'Esquadra que realicen un control «no invasivo» del violador para prevenir que vuelva a delinquir, por lo que Rodríguez Salvador es desde ayer mismo objeto de un seguimiento que, sin embargo, respetará su derecho a la intimidad.
Por su parte, las víctimas lamentan el «maltrato institucional» recibido y el hecho de que las autoridades protejan tanto la intimidad del violador, en vez de facilitar la difusión de su imagen para que la sociedad pueda «protegerse» de él.
La Generalitat ha evitado también confirmar las informaciones que apuntan a que Rodríguez Salvador, temeroso de la presión mediática, ha decidido irse a vivir fuera de Cataluña bajo la tutela de una orden religiosa, como hiciera el llamado «violador del Eixample», Francisco López Maíllo.
La puesta en libertad de Rodríguez Salvador, apenas unos meses después de que fuera excarcelado el llamado «segundo violador del Eixample», Alejandro Martínez, ha avivado la polémica sobre las medidas a que deben ser sujetos los delincuentes violentos que abandonen la cárcel sin considerarse rehabilitados. Juristas y expertos apuestan por modificar la ley para prolongar las penas de los delincuentes no rehabilitados o hacerles un seguimiento mediante controles telemáticos, presentaciones periódicas ante las autoridades o terapias posteriores a la cárcel.
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