FRANCISCO BARRASA25/09/07 0:00
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«Lo que queríamos era darle un susto, una paliza como mucho», ó bien «nuestra intención era darle un escarmiento, cuatro bofetadas, romperle un hueso, pero no llegar a ese punto», fueron las respectivas confesiones ayer de Francisco P. y Pedro R. ante el Tribunal del Jurado que debe decidir la responsabilidad que les corresponde por la muerte de Julio Camacho tras dos disparos -uno frontal y otro por la espalda- con una escopeta recortada en la finca Ses Covetes de Manacor, en la mañana del 15 de octubre de 2005.

Ante el Tribunal del Jurado constituido ayer en la Sección Primera de la Audiencia de Palma, Francisco P. y Pedro R., en prisión provisional por esta causa desde que sucedieron los hechos, escucharon las calificaciones iniciales de la fiscal y del acusador particular -encarnado por el letrado Fernando Mateas-, en las que la primera reclama para cada uno de ellos penas de 19 años de prisión por delito de asesinato, de 3 años de presidio por tenencia ilícita armas y una indemnización conjunta de 60.000 euros para los herederos de la víctima, mientras el segundo eleva a 20 años de cárcel la pena por asesinato y a 120.000 euros la responsabilidad civil para con los deudos del fallecido.

En esa primera toma de contacto con el Jurado, Eduardo Valdivia, defensor de Francisco, pidió la absolución de su patrocinado al constar en autos que no fue el autor de los disparos con resultado mortal, y negando de plano la formulación de las acusaciones en el sentido de que ambos acusados habían concertado dar muerte a Julio Camacho.

Por su parte Gaspar Oliver, defensor de Pedro, calificó la actuación de su patrocinado -autor confeso de los dos disparos que acabaron con la vida de la víctima- como un posible delito de homicidio imprudente al que le cabría la aplicación de atenuantes entre las que citó su presunta oligofrenia, una situación psíquica de duelo patológico a resultas de su hallazgo poco antes de los hechos del cadáver de su padre bajo el tractor que manejaba, su presunta adicción a la cocaína y un perfil general de «border line» -expresión anglosajona que significa vivir al límite de actos dolosos sin plena consciencia de los mismos-, por lo que dijo entender una pena no superior a seis meses de prisión.