Las comisiones rogatorias entre España y Gran Bretaña, destinadas a notificar su llamamiento a la comparecencia de los acusados y los testigos de juicios señalados en nuestro país, tienen un alto índice de fracaso.
La sección primera de la Audiencia de Palma suspendió ayer un juicio por tráfico de estupefacientes en el que no comparecieron los tres británicos acusados, y celebró otro por idénticos delitos en el que estaban ausentes tanto el principal imputado como el testigo de cargo, también de esa nacionalidad.
Importantes penas
Las comisiones rogatorias son ordenadas desde la sala juzgadora, y el trámite administrativo se lleva a cabo entre los ministerios de Justicia de España y de Gran Bretaña. La pura estadística señala que cuando se trata de delitos penados con varios años de cárcel, como son los casos de los tráficos de sustancias que causan grave daño para la salud, las notificaciones no suelen progresar.
La respuesta de la sala juzgadora en estos casos consiste en la emisión de órdenes de busca y captura para quienes se colocaron en situación de rebeldía judicial, pero la misma sólo es válida en territorio español.
El juicio suspendido ayer en la Audiencia hubiera sentado en el banquillo a tres británicos que en mayo de 1999, contando con edades comprendidas entre los 21 y los 24 años, fueron sorprendidos por la policía con 38 bolsitas de plástico que contenían cocaína, ocultas en un asiento trasero del coche en el que viajaban por la calle Pere Vaquer Ramis de Magalluf. El precio de la sustancia estupefaciente que les fue incautada tenía entonces un valor de 426.000 pesetas en el mercado de la droga al menudeo.
Llegó a celebrarse ayer, a pesar de la incomparecencia del acusado D.T., de 31 años, un juicio por delito contra la salud pública que llevaba conjuntamente al banquillo al súbdito mauritano A.B.O.S.
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