El técnico del Departament d'Obres del Ajuntament de Palma que está siendo investigado por la Fiscalía de Balears por un presunto delito de tráfico de influencias, A.V., era el administrador de dos sociedades limitadas que se dedicaban a la promoción de viviendas, una creada junto con otro funcionario municipal, y la otra en solitario. Ambas promotoras tenían su sede en Palma, por lo que no se respetó la incompatibilidad exigida cuando se es un empleado público.
Cabe recordar que el pasado lunes, la alcaldesa de Palma, la socialista Aina Calvo, anunció que ese mismo día Cort remitió a la Fiscalía el expediente disciplinario abierto a dicho empleado el 26 de octubre a raíz de una denuncia presentada por unos particulares el pasado mes de septiembre.
El funcionario que instruyó el expediente consideró conveniente trasladarlo al Ministerio Fiscal, por «un presunto delito de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios y por un presunto tráfico de influencias».
Responsables técnicos de Urbanisme tuvieron conocimiento a finales de 2006 de denuncias anónimas que acusaban a A.V. de ofrecer sus servicios a constructoras y utilizar su despacho para sus negocios, hechos que él negó. Posteriormente, a principios de 2007, llegaron nuevas denuncias, en este caso por incompatibilidad, al ser A.V., como ya se ha dicho, administrador de dos promotoras. Toda la documentación existente hasta entonces se pasó luego al nuevo equipo de gobierno.
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