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El equipo de gobierno del Ajuntament de Palma, que preside la socialista Aina Calvo, no abrirá, por el momento, ningún nuevo expediente disciplinario en relación al caso de presunta corrupción urbanística dado a conocer el pasado lunes por la propia alcaldesa, caso que, hasta ahora, sólo afecta a A.V., técnico del Departament d'Obres de la Regidoria d'Urbanisme que trabajaba como interino en Cort desde julio de 2002 y que el pasado 26 de octubre fue suspendido de empleo y sueldo, y que la Fiscalía de Balears está investigando en estos momentos, tras haber remitido el Ajuntament su expediente al Ministerio Fiscal al entender que podría haber en este caso «un presunto delito de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios y por un presunto tráfico de influencias».

El pasado lunes, Calvo explicó que el equipo de gobierno había recibido el pasado mes de septiembre una denuncia por escrito de unos particulares contra A.V., a quien acusaban de una presunta conducta irregular, que, supuestamente, sería el cobro de comisiones para agilizar ciertos trámites. A raíz de dicha denuncia, tuvo lugar la incoación de un expediente por parte de un funcionario municipal, quien consideró que la actuación de A.V. como funcionario estaría «en el límite que separa el ámbito administrativo del penal», de ahí el traslado de dicho expediente a la Fiscalía.

La alcaldesa señaló ese mismo lunes que se trataba «de una situación puntual, de un caso aislado, por lo que en ningún caso podemos hablar de una trama», y confirmó que no se estaba tramitando ningún otro expediente disciplinario.

Novedades
La situación en este sentido no ha cambiado, si bien ayer miércoles varios medios daban a conocer que A.V. era el administrador de dos sociedades limitadas que se dedicaban a la promoción de viviendas, Eina Urbana y Sintètica d'Obres, y que en la primera de ellas su socio era M.A., funcionario que trabajaba en el Departament de Disciplina Urbanística de Cort.

Tanto A.V. como M.A. son arquitectos técnicos, y según recoge toda la normativa existente sobre incompatibilidades, en ningún caso podían ambos compaginar su trabajo en el Ajuntament con sus negocios particulares. En Urbanisme, A.V. se encargaba de informar sobre la modificación de proyectos urbanísticos en curso, mientras que M.A. se ocupaba de los casos de denuncias de infracciones urbanísticas. En cuanto a la promotora en la que trabajaban los dos, presuntamente habría conseguido licencias de obras en un tiempo muy inferior al que se necesita normalmente para conseguir una licencia de este tipo, que se sitúa en torno a los siete meses.

Al no existir una denuncia concreta contra M.A., Cort no le abrirá ningún expediente, si bien el Ajuntament recabará más información sobre las actuaciones en Urbanisme tras los datos aparecidos en los medios.

Por otra parte, la familia que denunció en 2005 a A.V. por coacciones, presentó ayer ante diversos medios toda la documentación de que dispone desde que hace tres años empezaron «los problemas» con la empresa que compró un edificio ubicado en el número 2 de la calle Església de Santa Fe, en donde Carmen Acosta regenta el bar ubicado en la planta baja. Eina Urbana compró el edificio en 2004 y llevó a cabo obras en el inmueble, incluido el bar, pese a la oposición de dicha familia, según recordó Acosta.