El montante del fraude a la Seguridad Social asciende a cerca de doce millones de euros. Foto: CRISTIÁN CASTRO

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Agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social del CNP han desarticulado una trama mercantil que defraudó a la Seguridad Social casi 12 millones de euros. El fraude se llevó a cabo a través de empresas ubicadas en Madrid y Mallorca. De los cinco detenidos tres lo han sido en Mallorca y todos son nacidos en la capital del Estado. Se trata de José Manuel A.P., de 44 años; Oscar A.P., de 43 y Francisco B.A., de 44 años de edad.

Alcúdia

El primero de ellos está considerado el responsable de dos empresas sobre las que se inició la investigación. Estas empresas habían acumulado deudas por impago de los seguros sociales por importe de más de dos millones y medio de euros. En la investigación referente a Mallorca aparecen varias sociedades domiciliadas en la zona de Alcúdia.

En la información facilitada por la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil se señala que han sido investigadas 23 sociedades mercantiles que evadían el pago de los seguros sociales. Los cinco detenidos eran socios administradores de las sociedades y se les imputan delitos de insolvencia, contra la Seguridad Social y falsificación documental.

Los responsables de estas empresas utilizaban tres sistemas para hacer ilocalizables a las distintas sociedades: no comunicar los cambios del domicilio mercantil, notificarlo con retraso o utilizaban Centros de Negocios. Estos centros de negocios prestaban servicios a otras empresas mercantiles permitiéndoles emplear su dirección como domicilio social. En ningún caso facilitaban las señas de sus clientes, lo que supone un obstáculo insalvable para conocer el domicilio o paradero de estas sociedades. Tras conocer la composición societaria de estas dos mercantiles se continuó con la investigación y se detectaron otras 21 sociedades en las que figuraban como socios administradores o apoderados. Estas sociedades, que operaban en gran parte del territorio nacional, utilizaban a empleados como administradores o testaferros. Las 23 empresas investigadas se dedicaban a la selección de personal, a actividades de limpieza y reparación de hoteles, a la explotación de establecimientos de hostelería que asesoraban y a la adquisición, urbanización y promoción de propiedades inmobiliarias.