El fiscal pide sendas penas de cuatro años de prisión para dos socios de una empresa constructora, acusados de considerar como 'leve' el accidente de un albañil en una obra del Port de Sóller. Como consecuencia del siniestro, el albañil murió cuatro años más tarde.
Los acusados son Juan Manuel R.M. y Deana P.B., apoderado y administradora respectivamente de la sociedad «Construcciones mallorquinas Deana S.L.» En noviembre de 1999, esta empresa se dedicaba a realizar las obras de reparación de un hostal. Uno de los 19 trabajadores contratados era José Pascual. En la mañana del día 21, José retiraba tejas de la inclinada cubierta del comedor. Mientras caminaba por el tejado, la cubierta se hundió y el obrero cayó, sufriendo un grave traumatismo cráneo encefálico.
El fiscal afirma que la empresa no comunicó el accidente a la autoridad laboral «para evitar la acción inspectora en su obra» y que «trató inicialmente de considerar el accidente como leve con esta misma intención».
En el momento del siniestro, el trabajador no llevaba casco, arnés o cinturón de seguridad unido a un punto fijo, y tampoco existían redes, barandillas, tablones o medidas de seguridad colectiva. De hecho, el fiscal afirma que «los acusados no habían facilitado a sus trabajadores estos medios de seguridad y que tampoco les habían dado «formación e instrucción sobre prevención de riesgos y seguridad de riesgos en el trabajo, ni elaborado estudio o proyecto alguno sobre la seguridad de la obra».
Como consecuencia del accidente, el obrero fue trasladado al PAC de Sóller y de allí a la UCI de la Clínica Femenía. En este hospital fue sometido a diversas operaciones de craniectomía por un hundimiento craneal, llegando incluso a realizarle una reconstrucción de la bóveda craneal. Tras obtener la Incapacidad Absoluta Permanente, el hombre falleció en septiembre de 2003, según el fiscal «debido a las graves lesiones y secuelas producidas por el accidente».
El ministerio público pide cuatro años de cárcel para cada acusado por dos delitos contra la seguridad de los trabajadores y lesiones imprudentes. Asimismo, reclama el pago de 150.000 euros para la mujer y las dos hijas del albañil. De hecho, los abogados de la familia extienden la acusación a los cinco miembros del consejo de administración de la empresa promotora de las obras.
El juicio tenía que haberse celebrado ayer en Vía Alemania, aunque fue aplazado.
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