Los coroneles juzgados se acusan de la trama de las facturas falsas

Los dos coroneles de la Guardia Civil, Francisco Javier García Peña y Luis Cuadri sentados ayer en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Palma, se acusaron mutuamente de haber planeado la falsificación de unas facturas con la ayuda de un empresario mallorquín, Jaime Ferragut, para comprar muebles a cargo de la Dirección General.

El Coronel García Peña declaró que en el año 2005, cuando llegó a su nuevo destino en Palma, se percató que en la residencia oficial que le habían asignado no constaba del mobiliario que él esperaba, «Aquel pabellón no se arreglaba desde hacía 20 años», llegó a manifestar ayer. Entonces, según el alto cargo benemérito solicitó ayuda al segundo jefe de la Comandancia, Luis Cuadri, que le recomendó utilizar una partida presupuestaria destinada a obras, para hacerse con los deseados muebles.

Para ello, se necesitaba la colaboración de un constructor, que les haría una factura de unas obras que no se iban a realizar. «El coronel Cuadri me dijo que no me preocupara, que él conocía empresarios en la Isla y que, como otras veces hablaría con él con ellos y haríamos la compra que fuera necesaria con el dinero de la supuesta obra», declaró García Peña.

Este coronel, reconoció por tanto, haber obtenidos fondos de forma irregular para la compra de muebles, a la vez que recordó a la sala que «pensaba que legalmente se podía hacer».

Por su parte, el coimputado Coronel Cuadri, negó tajantemente lo dicho por el que fuera su superior. Concretamente indicó que «nunca asesoré a García Peña para comprar muebles irregularmente, él pidió si yo conocía algún constructor y le presenté a Ferragut, a partir de ahí me desvinculé». Ambos coroneles no escondieron ayer la manifiesta enemistad que existe entre ellos.

Junto a los dos coroneles, la acusación también sentó ayer en el banquillo al otros dos acusados, el capitán José López Trujillo, y el citado empresario mallorquín Jaime Ferragut. Éste último, confesó que debido a su amistad con el capitán Trujillo, que le había pedido «un favor», falseó una factura relativa una obra que nunca se hizo, repercutiendo el 16% de I.V.A.

Todos se enfrentan a penas de prisión, pago de sustanciosas multas e inhabilitación para el cargo público en el caso de los tres oficiales.