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AGUSTÍN AGUILÓ La Sección Segunda de la Audiencia Provicial de Palma ha decidido que el macrojuicio relativo al 'caso Son Banya' del próximo día 12 de enero, finalmente no se celebre en la UIB por una cuestión de seguridad.

El salón de actos de la Escuela de Hostelería de la Universitat había sido el lugar elegido, por su mayor aforo, para albergar el procesamieto de los 28 imputados en la causa del robo millonario al 'clan de la Paca'.

Tras un posterior examen del lugar, la Sección Segunda de la Audiencia ha considerado, conjuntamente con la policía, que aunque quepa más gente, existen diversas razones para que el juicio donde entre otros acusados se encuentra el jefe del Grupo de Atracos, José Gómez, alias 'Pepote', y la propia matriarca del clan, no se celebre en la UIB.

Uno de los principales factores tenidos en cuenta para cambiar de sede ha sido la dificultad en los traslados policiales, ya que muchos de los acusados se encuentran en prisión por la 'Operación Kabul'.

Otra razón ha sido el hecho de que prácticamente todos los acusados son o han sido residentes del poblado gitano de Son Banya, y que los vecinos de aquella etnia acostumbran acudir en masa cuando procesan a un familiar suyo.

Todo ello, según la Audiencia Provicnial, podría alterar el buen orden que impera en el campus. 'La Paca' y el resto de imputados serán juzgados finalmente en la Sala del Tribunal del Jurado del TSJB.
Acusación
En su escrito de acusación, la Fiscalía entiende que los hechos que se van a juzgar son constitutivos de los delitos de sustracción de siete millones de euros en Son Banya, blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, detención ilegal, allanamiento de morada, torturas, lesiones, amenazas graves, falso testimonio, cohecho y omisión del deber de perseguir delitos.

Por todo ello, el fiscal Adrián Salazar solicita para los 28 acusados penas que en total suman los 360 años de ingreso en prisión.
Así, las mayores peticiones de penas recaerían sobre Francisca Cortés alias 'la Paca' (más de 30 años); su hermano, Isidoro (casi 30); Juan Cortés, alias 'el Loco' (más de 20), y un grupo de personas residentes en el poblado a las que se implica en los delitos de torturas, y para las que se solicitan penas de entre doce y catorce años.

Para los seis acusados del robo de siete millones de euros, la madrugada del 17 de abril de 2006, el fiscal solicita para cada uno de ellos siete años de prisión. Cinco años son por el delito de blanqueo de capitales y dos por el robo.

Respecto del ex jefe del Grupo de Atracos José Gómez, alias 'Pepote' y su pareja, también imputada, se enfrentan penas de prisión a once y doce años de cárcel respectivamente.