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«El alcalde de Capdepera, Bartomeu Alzina, debería ir a la cárcel por no haber enviado a la Policía Local a paralizar las obras ilegales que se llevaban a cabo en hotel Son Moll de Cala Rajada», afirmó ayer Josep Mas experto en prevención de riesgos laborales y secretario de Acción Sindical de la Federación del Metal, Construcciones y Afines de la UGT.

Estas declaraciones las llevó a cabo Mas después de participar junto a políticos y sindicatos en una concentración frente a las puertas del Parlament en la que se guardó un minuto de silencio en recuerdo y homenaje a las cuatro víctimas del siniestro del hotel Son Moll.

Mas recordó que cuando alguien «hace una obra ilegal, el ayuntamiento envía a la Policía Local para paralizar inmediatamente las obras» y añadió que, en el caso de Cala Rajada, si los agentes no acudieron a paralizar las obras del hotel, a pesar de carecer de licencia, requisito imprescindible para garantizar la legalidad y que se cumplen las normas de seguridad laboral, fue porque «no tenían la orden del Consistorio» o porque «ésta no les había llegado», indicó Mas.

«El hotel no tenía licencia para construir y, por tanto, cuatro o cinco personas, entre las que se encuentran el alcalde de Capdepera, el arquitecto, el aparejador y el jefe de obras deberían ir directamente a prisión», afirmó el sindicalista y experto en salud laboral.

Por su parte Rafael Palomino, secretario de la Federación de Construcción de CC OO indicó que los abogados de su sindicato están elaborando informes del siniestro laboral, con la intención de denunciar ante los tribunales a los responsables del derrumbe del hotel «a todos los niveles».

David Díaz, secretario general de USO, indicó que la ley «está hecha para ser cumplida» y que «no es de recibo que nos acordemos de prevenir la siniestralidad laboral cuando hay accidentes con víctimas morales».

Josep Oliver, presidente de la CAEB, «lamentó» el fallecimiento de los cuatro trabajadores en «un desgraciado accidente del que todavía no conocemos las causas reales» y puntualizó que «hay que hacer todo lo posible para que estas cosas no ocurran».

Investigación
La consellera de Treball i Formació, Joana Barceló, dijo ayer que el Govern está aportando informe técnicos a la Fiscalía sobre las obras de Son Moll, con la intención de que la investigación judicial se pueda abrir a «todos los niveles» y recordó que tras la puesta en marcha del Plan de Choque contra la Siniestralidad Laboral, los accidentes laborales en el sector de la construcción se han reducido en un 18 por ciento entre enero y octubre, en relación con el mismo periodo de 2007.

Mientras que Miquel Nadal, conseller de Turisme, mostró sus condolencias con las familias y amigos de los cuatro obreros fallecidos, al tiempo que consideró «bueno» que se acometan reformas en los establecimientos hoteleros para que estén lo mejor posible» para que en el futuro «no se vuelvan a producir este tipo de situaciones».

La presidenta del PP en Balears, Rosa Estaràs, hizo hincapié ayer, en la necesidad de que se activen todas las investigaciones pertinentes con el objetivo de supervisar la legalidad de todos los sectores implicados en el accidente y destacó la necesidad de analizar si desde el Ajuntament de Capdepera se hizo «lo que se tenía que hacer».