El arquitecto Arturo Vila reconoció en su maratoniana declaración ante la jueza de Manacor que el muro de carga del hotel derrumbado en Cala Rajada estaba mal apuntalado, aunque matizó que él había ordenado que no se trabajara en la zona hasta que no estuviera solventada la situación. Sin embargo, matizó que en su opinión la causa del hundimiento fue un «efecto bañera», por el agua que se acumuló en al cubierta tras muchos días de lluvia. La declaración del aparejador, José Luis Pujol, fue similar a la Vila y desveló que durante las obras habían descubierto que el muro central era, en realidad, muro de carga. El último detenido, el jefe de obras Juan Bonet, desmintió a los dos técnicos y apuntó a que una parte del edificio sufría aluminosis.
El interrogatorio a los tres acusados finalizó a las dos de la madrugada de ayer, tal y como informó Ultima Hora en su edición del viernes, y a su conclusión la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Manacor, Martina Mora, decretó la libertad sin fianza para todos ellos. En un principio se especuló con que Vila podía ingresar en prisión, de ahí que en un párrafo interior de la información de ayer se deslizara esta imprecisión. El arquitecto contó a la juez que el voladizo de la segunda planta del hotel había sido derruido por un error de los albañiles y que a pesar de que había estado lloviendo durante muchos días no dio ninguna orden especial. Admitió que en un parte de la estructura se descubrió aluminosis, aunque esta circunstancia no guardaba relación con el derrumbe, y que ordenó que no se trabajara en la reforma hasta que no se apuntalara la zona defectuosa. Pujol coincidió con él en que dieron la orden de apuntalar a Bonet. El jefe de obras, sin embargo, rechazó la idea de que la dirección facultativa le había ordenado apuntalar tres forjados y explicó que había recibido «tres notas» del ayuntamiento indicándoles que carecían de licencia para las obras de reforma.
Por su parte, la secretaria de Organización del PSIB-PSOE, Rosamaria Alberdi, aseguró que le «consta» que el alcalde del municipio, Bartomeu Alzina, realizó las actuaciones pertinentes que marca la legalidad urbanística y recordó que existían tres órdenes de detención de las obra. En el mismo sentido, el secretario de Organización de la Federación de los Socialistas de Mallorca, Miquel Àngel Coll, argumentó que el consistorio actuó como el 100 por cien de los ayuntamientos de la Isla. Además, destacó que hay que distinguir entre el control de la legalidad urbanística y el de la seguridad, y precisó que este último «no corresponde a los ayuntamientos». Alberdi también añadió que EU-EV de Capdepera no debería tomar una decisión «en caliente» sobre la posible ruptura del pacto.
Por otra parte, la portavoz del Govern, Joana Barceló, destacó la necesidad de aumentar el número de técnicos municipales para evitar que la concesión de licencias se demore durante demasiado tiempo. Sin embargo, recalcó que la «lentitud» en la adjudicación de estos permisos «no justifica que se deba cometer una ilegalidad». La portavoz apostó por la cooperación local para solventar las carencias de personal y manifestó que el Govern puede contribuir con financiación.
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