Los vocales de extracción judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) impusieron ayer su mayoría y confirmaron la multa de 1.500 euros que le fue impuesta al juez de Sevilla Rafael Tirado hace tres meses por el anterior Consejo por su actuación en el caso de la niña Mari Luz Cortés.
Esta decisión fue criticada por el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, quien anunció que el Gobierno reformará el régimen disciplinario de los jueces para que «no vuelvan a repetirse» casos como el de ayer, mientras que el padre de Mari Luz la calificó de «vergüenza nacional».
Catorce de los 21 vocales que integran el Poder Judicial se mostraron a favor de no suspender al juez de sus funciones, como pedía el fiscal, por retrasos en ordenar la ejecución de la sentencia que condenó por abusos a su hija al presunto autor de la muerte de Mari Luz, Santiago del Valle.
El pleno del CGPJ considera que la conducta de Tirado constituye una falta grave y no muy grave como la calificó el fiscal y como la consideran 6 vocales que se mostraron a favor de imponer una sanción más grave al magistrado de Sevilla. Según explicó en rueda de prensa la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, estos 6 vocales, además de ella misma, son José Manuel Gómez Benítez, Almudena Lastra, Félix Azón (todos ellos nombrados a propuesta del PSOE), Ramón Camp (CiU) y Margarita Uría (PNV), quienes formularán un voto particular, mientras que la vocal Concepción Espejel (PP) también lo hará al considerar, por el contrario, que el juez no cometió infracción alguna. Así, votaron a favor de confirmar la multa, además del presidente, Carlos Dívar, 8 vocales del PP (todos menos Espejel: Gemma Gallego, Fernando de Rosa, Pío Aguirre, Manuel Almenar, Miguel Collado, Antonio Dorado, Claro José Fernández y Antonio Monserrat) y 5 de los 9 nombrados a propuesta del PSOE (Margarita Robles, Miguel Carmona, Carles Cruz Moratones, Inmaculada Montalbán y Manuel Torres Vela).
Según Bravo, el pleno ha concluido que la conducta de Tirado se encuadra en un retraso injustificado consecuencia de una desatención leve y que, al tratarse de un retraso en una sola ejecutoria (la de Santiago del Valle), no puede ser considerada muy grave.
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