Los dos hombres que llevaban siete días en huelga de hambre en Eivissa para reclamar la apertura de un juicio por el derrumbe de la sede de Viajes Barceló hace diez años, decidieron ayer abandonar la protesta, una vez que el asunto ha llegado ante un juzgado penal. La Fiscalía además se ha unido a la acusación particular en el caso y reclama tres millones de euros y una multa de 36.000 euros por delitos de daños imprudentes. De esta cantidad tiene que responder el constructor del inmueble, los responsables de Viajes Barceló y de la empresa filial de ésta que gestiona todos los inmuebles.
Los dos ciudadanos en huelga, Juan José Peciña y Juan Manuel Miranda, eran vecinos del inmueble derrumbado el 27 de enero de 2001. Desde aquel momento, ninguno de ellos ha podido volver a vivir en sus casas, pese a lo cual han tenido que seguir pagando sus hipotecas. El caso recayó en el juzgado de Instrucción número 3 de Eivissa y se ha ido demorando desde entonces sin razón aparente.
Ante los retrasos, los dos afectados decidieron hace una semana emprender una huelga de hambre para desbloquear la situación y conseguir que el problema llegase a juicio.
El propio Defensor del Pueblo tomó cartas en el asunto la semana pasada y puso en marcha una investigación para conocer los motivos del retraso excesivo. Un día después, el juez anunció que había firmado por fin el auto de apertura de juicio oral. Pese a este documento, Peciña y Miranda decidieron continuar la huelga de hambre hasta contar con una fecha definitiva. Además de este modo de protesta, pusieron en marcha una recogida de firmas, a la que se han sumado mil quinientas personas.
El domingo por la tarde, Juan Manuel Miranda tuvo que ser ingresado en el hospital de Can Misses por una hipoglucemia. Una vez superada esta crisis, él mismo decidió regresar a la puerta de los juzgados para continuar con la protesta.
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