Acusan de coacciones al hombre que ordenó tirar veinte casetas en Son Ferriol

Los hechos tuvieron lugar en febrero de 2007, cuando Bartolome Turens, dueño de la finca, contrató una excavadora para echar abajo varias casetas. Según las dos acusaciones, al menos un par esas construcciones, que originariamente eran cocheras, estaban acondicionadas como viviendas. De acuerdo con el ministerio público y los afectados, detrás de los derribos hay una operación para desalojar a varios inquilinos.

El acusado había heredado de su hermano la finca. Éste tenía varios contratos verbales de alquiler. Tal y como declararon los propios arrendatarios pagaban en mano los alquileres. Cuando el primer arrendatario falleció en 2001 cambió la situación. De acuerdo con el testimonio de varios de los afectados, los pagos continuaron en mano a las dos hijas del acusado, que «lo apuntaban en un cuaderno». Sin embargo, éste niega los pagos y sólo existen dos recibos que los confirman y no existen contratos de alquiler escritos. Incluso una de las hijas aseveró que: «antes de que muriera mi tío ya no pagaban».

El día 15 de febrero de 2007 entró en la finca de Son Ferriol una máquina excavadora. Según aseguró el dueño, el objetivo era limpiar el solar, ya que las casetas estaban abandonadas desde hace tiempo. El acusado señaló que en esa parte de la finca se habían acumulado bolsas de basura, electrodomésticos fuera de uso y que se había convertido en un basurero, en el que era frecuente la presencia de ratas. Los afectados niegan este abandono y reclaman por los bienes que había en el interior, bien de sus viviendas, bien de las casetas que utilizaban como trasteros y, en uno de los casos como taller mecánico.

La versión que mantuvieron los ocho testigos de la acusación fue cuestionada por el palista encargado del derribo y por un ex vecino de la zona. El primer aseguró que la mayor parte de las casetas carecían de tejado. El segundo ratificó que la zona se encontraba llena de porquería y que las casetas estaban abandonadas desde hacía años ya que carecían de agua y luz una vez que murió el primer propietario.

Por último testificaron dos agentes de la Policía Nacional que intervinieron en la finca para detener las labores de demolición a petición de los inquilinos. El juicio no terminó en la sesión de ayer y sufrió una nueva suspensión ante la ausencia de un testigo de la acusación.